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ROMPIENDO LOS OBSTACULOS DEL REGIMEN AUTORITARIO
Elio Villaseñor Gómez
Ponencia para el taller Regional México 2005
“La participación ciudadana en Latinoamérica”
Un punto de vista desde la Toolkit Foundation
18 de Agosto de 2005
El régimen Político en que vivimos durante las últimas ocho décadas, se puede equiparar al que el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”.
Este régimen autoritario generó un diseño institucional y una normatividad para fortalecer el régimen de Partido de Estado. Colocó como sus pilares el corporativismo, el clientelismo y el patrimonialismo, por los que el Partido Revolucionario Institucional controlaba y administraba, de acuerdo a sus intereses, tanto la imparticion de justicia como el crecimiento económico.
En ese régimen político, la ciudadanía, junto con los partidos políticos de oposición, fuimos desarrollando el diálogo con la presión, y buscando acuerdos políticos para avanzar hacia la alternancia en el poder.
Este proceso tuvo su punto histórico el 2 de julio del año 2000,cuando por primera vez el partido oficial pierde la elección y es sustituido por un partido de oposición. Y en ese hecho histórico, ciudadanos y ciudadanas pusimos nuestra esperanza de un cambio de régimen político, donde las viejas reglas del autoritarismo fueran extinguidas, y pasáramos a la instauración de un régimen democrático.
Sin embargo, la realidad nos hace ver que la clase política, los partidos políticos, no colocaron como asunto central el cambio de régimen político, sino que más bien dejaron las cosas como estaban y diseñaron, como estrategia, una actuación pública como si las campañas políticas no hubieran terminado, y se dedicaron a llevar a cabo solamente acciones mediáticas, o a descalificar a sus adversarios y opositores para preparar el camino de las próximas elecciones.
Ante su incapacidad para enfrentarse a la realidad del país, los partidos políticos en general buscaron, bajo un acuerdo tácito, dejar intactas las reglas del régimen, y poner toda su atención en la distribución de los beneficios del partido de Estado ahora en sus partidos políticos.
Entonces, el resultado que en este momento vemos en el escenario político, es el paso de un régimen de Partido Único de Estado a un régimen de partidocracia, en el que las instituciones y las reglas del juego son las mismas del pasado.
Los partidos políticos pretenden monopolizar la política, manteniendo la norma de que sólo a través de ellos, bajo complicidades, se pueden decidir las cuestiones públicas de nuestro país, y la ciudadanía tiene simplemente un estatus de segunda, con derechos limitados. Este escenario hace que los partidos políticos sean los que limitan y controlan hasta dónde pueden llegar los derechos ciudadanos pueden llegar.
Finalmente, es muy claro que no se ha logrado reducir el gran distanciamiento que existe entre el quehacer partidario y las aspiraciones ciudadanas de participar en las definiciones, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas. En cambio, cada día hay más resistencia de los partidos, del Congreso, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para construir una cultura de transparencia y de rendición de cuentas de cara a la sociedad. Prevalece la política de la opacidad y de la discrecionalidad para las cuestiones públicas.
Quisiera enumerar algunos obstáculos que considero importantes, los cuales impiden generar un cambio de régimen político, por la que se podría establecer una nueva forma de relación entre gobernantes, partidos, representantes populares y ciudadanía.
1. Ciudadanos empleados públicos
Cualquier posibilidad de relación de trabajo o de coinversión entre gobernantes y ciudadanía está marcada, fundamentalmente, por la normatividad que la Secretaría de Hacienda diseña para cualquier relación pública.
Esta normatividad está fundamentada en el criterio de la desconfianza, por la que se imponen una serie de trámites y formatos tan difíciles, que en lugar de facilitar la relación se hace más complicada. Las reglas de la posible relación están marcadas por un ambiente de “terror”, ante la amenaza de que en cualquier momento la Secretaría de Hacienda nos puede castigar.
Hoy la política en México es definida por la Secretaría de Hacienda; a tal grado, que no se llevan a cabo proyectos de otras dependencias aunque hayan sido aprobados, hasta con el aval del mismo presidente o del secretario respectivo, si no lo autoriza Francisco Gil.
A las organizaciones que participamos en programas gubernamentales de coinversión se nos impone la obligación, como si fuéramos una dependencia del gobierno, de guardar nuestras informaciones, y reservarlas hasta por cinco años. Pero además tenemos obligaciones fiscales por las tenemos que pagar la misma cantidad de impuestos que cualquier empresa.
Es claro que no los grupos tecnocráticos, tanto del gobierno como de los partidos políticos, no tienen la capacidad para entender que la ciudadanía merecemos y exigimos un trato de iguales, con el respeto de nuestras autonomías, ante gobernantes y representantes populares. Las y los tecnócratas pretenden mantener el trato de ciudadanía a medias por el que se nos limitan los derechos manteniéndonos como actores sometidos.
Así pues, esta condición tecnocrática impuesta a gobernantes y ciudadanía, es un obstáculo para generar una nueva relación, en la que el pilar de sustento debería ser la corresponsabilidad.
Ante esto, las organizaciones de la sociedad civil, por la vía de los hechos vamos construyendo, con algunas dependencias gubernamentales, tanto federales, estatales y municipales, relaciones en las que se cultivan los valores de respeto, de construir agendas comunes, y donde destaca la calidad profesional de nuestro trabajo.
Esto quiere decir que la corresponsabilidad se va haciendo, no por los caminos formales tecnocráticos, sino por la voluntad política de los actores sociales y de algunos funcionarios públicos.
2. El mapa político – electoral para controlar a la ciudadanía
En el régimen político del partido de Estado se diseñó una estrategia para administrar y controlar las elecciones, a través de un plan en el que durante los seis años de administración federal, se administraban elecciones en distintos estados y municipios, de forma que se aseguraran los triunfos del partido oficial, y además “se garantizara” la estabilidad política.
Esta estrategia generó que prácticamente todo el tiempo el país viviera un ambiente electoral sin descanso, por el que el partido oficial podía mantener el otorgamiento constante de estímulos con dinero, beneficios o candidaturas para sus afiliados, y garantizar así la cohesión interna. Se generó una maquinaria muy sofisticada para garantizar, no sólo que las personas fueran obligadamente a votar por el partido oficial, sino también para defender con fraudes y violencia sus “triunfos”. Los mecanismos empleados tienen nombre: la estrategia del mapache, del ratón loco, el de los tamales, carrusel, que concretaban diversas maneras de comprar el voto de las personas y garantizar el triunfo de los candidatos oficiales.
Esta práctica generó una lucha grande por parte de los partidos de oposición, de las organizaciones de la sociedad civil, y los ciudadanos y ciudadanas en general. Fue una lucha frontal para terminar con estas prácticas perversas y crear condiciones para que nuestro voto contara. Se dio una lucha por la equidad y la certidumbre de las elecciones. Ante eso se avanzó con una ley electoral (el COFIPE) y se pudo ciudadanizar el Instituto Federal Electoral.
En esta lucha hubo movilizaciones, como la Marcha por la Dignidad o el Éxodo por la Democracia, y proliferaron por todo el país observaciones ciudadanas para defender el voto y la instauración del juego limpio en la lucha electoral. Por eso ahora las organizaciones de la sociedad civil nos consideramos parte del esfuerzo para lograr que nuestras elecciones tuvieran credibilidad y que el que ganara, por la vía de los votos, se le reconociera su triunfo.
Frente a esta situación vemos también que los partidos no han tenido la capacidad ni el interés de avanzar en la lucha de la democracia electoral, para desarrollar también otros aspectos, como reducir los costos de las campañas políticas, transparentar y dar cuentas al público de sus gastos, de sus procedimientos internos, etcétera. En general, la clase política ha buscado conservar los beneficios que le reporta el régimen autoritario, manteniendo a la política como un asunto de negocios que garantizan, por cualquier medio, algún coto de poder.
Así pues, todo el interés de la clase política está en la locura de participar en las elecciones que todos los años se llevan a cabo en cualquier parte de México. La partidocracia está diseñada como una gran caja electoral que gasta toda su energía en las campañas políticas.
Además del sostenimiento económico de la estructura de los partidos y del enriquecimiento de sus dirigentes, lo único que el calendario electoral permanente provoca en el país, es un desgaste muy fuerte entre las y los militantes que se esfuerzan por creer que ahí pueden encontrar alguna solución a los problemas públicos. Igualmente, en la ciudadanía se ha provocado un enorme desinterés que se refleja en el gran abstencionismo de las últimas elecciones.
Ante esto, tenemos el reto de generar las condiciones para que las reglas impuestas por el régimen autoritario cambien también en la lucha electoral. Debeos buscar maneras para reencauzar el desgaste de militantes y funcionarios honrados hacia la apertura de espacios de diálogo social en los que verdaderamente se discutan las posibilidades de avance democrático del país.
3. La partidocracia limita los derechos ciudadanos
En los últimos meses hemos visto como la política se usa para, de manera discrecional, castigar o beneficiar, según los intereses de los partidos y de los gobernantes.
Hay dos casos que sobresalen en el uso político de nuestro “Estado de Derecho”: el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, donde por consigna se querían restringir sus derechos políticos; y el otro es el caso de Jorge Castañeda, quien interpuso un amparo para participar en la contienda electoral de manera independiente.
En ambos casos se refleja que con las prácticas del viejo partido de Estado, ahora en el acuerdo de los partidos, se busca limitar los derechos políticos de las y los ciudadanos. Gobernantes y partidos quieren mantener el monopolio de decidir hasta dónde los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos humanos.
Además, se muestra que los partidos políticos tienen la “sartén por el mango”, ya que en casos como el de Jorge Castañeda —al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo que le permitiría competir como candidato independiente a la presidencia de la República—, se imponen “legalmente” por encima de las garantías individuales que están consagradas en nuestra Constitución, como el derecho a la libre expresión y a la libre asociación. Es absurdo que los ciudadanos solamente tengamos el derecho de votar, mientras los partidos políticos mantienen el monopolio electoral. Podemos votar pero se nos niega el derecho a ser votados.
Así, las reglas del juego que predominan en la relación gobernantes – ciudadanía, siguen manteniendo a esta última en condición de sometimiento. Gobernantes y partidos políticos son los que administran la participación de las y los ciudadanos, y son ellos los que nos imponen limitaciones a nuestros derechos. El régimen autoritario se mantiene otorgando y restringiendo derechos y obligaciones según convenga a los intereses de los pequeños grupos en el poder político o económico.
Como ciudadanía tenemos que luchar por el ejercicio pleno e irrestricto de nuestros derechos.
Algunas reflexiones finales
Tenemos que plantearnos por fin el término del régimen autoritario y de su falso estado de derecho. Se deben erradicar de una vez por todas las prácticas de discrecionalidad y el patrimonialismo de lo público, y la reducción de la política a una cuestión de dinero y de puestos.
Debemos generar un régimen democrático, con un verdadero Estado de Derecho, con un sistema de partidos que al servicio de las causas ciudadanas y que asuma una actitud de construcción de espacios para el diálogo social entre distintos sectores, para elaborar políticas públicas democráticas.
Necesitamos una clase política que dialogue con los ciudadanos y ciudadanas como iguales, para sentar las bases de un nuevo espacio político que se sostenga en los pilares de la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Tenemos que asumir que el viejo régimen político no ha muerto, y que su cultura sigue permeando todos los ambientes públicos. Por eso tenemos que asumir una actitud radical de cambiar el fondo y la forma de las instituciones públicas y su normatividad.
Debemos lograr una reforma del Estado que cambie el régimen de partido de Estado a uno donde todos seamos parte: partidos políticos, gobernantes, representantes, ciudadanos y ciudadanas, para dirigir y sacar adelante los temas de la agenda del desarrollo económico, la justicia y la participación ciudadana.