¿Un conflicto reciente, o una deuda ancestral?
DECA, Equipo Pueblo
IDEMO
El conflicto político- social en Oaxaca
El contexto
Oaxaca es uno de los estados más bellos de la República Mexicana; su diversidad cultural, geográfica, ambiental, artesanal y hasta gastronómica, lo convierten en una entidad, que antes del conflicto del año pasado, ocupara uno de los primeros lugares turísticos del país. Las riquezas naturales, humanas, históricas y culturales que posee, nadie las puede negar.
Pero también siendo una tierra de contrastes, podemos afirmar que, en Oaxaca persisten rezagos ancestrales en lo económico, lo político y lo social. Baste hacer una revisión rápida a las estadísticas oficiales, para constatarlo:
Oaxaca se ubica en el último lugar con ingresos mensuales promedio de 2 mil 501 pesos para las mujeres y 2 mil 829 pesos para los hombres; en cuanto a la Educación, después de Chiapas es el estado que presenta los porcentajes más altos en analfabetismo y en cuanto a la población de 15 años y más sin instrucción, superó en mucho en el 2000 a la media nacional con 15.2 por ciento y 24.7 por ciento para hombres y mujeres respectivamente. De igual manera con dificultad, el promedio de escolaridad de la población llega a 5.2 años para las mujeres y 6 para los varones.
En el ámbito de la salud, destaco algunos aspectos como el de la mortalidad materna, que es un problema serio de salud pública, ya que en el 2004 mientras el promedio nacional de mortalidad materna fue de 62.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos, en Oaxaca la cifra llegó a 85.5 defunciones.
La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, le da Oaxaca el porcentaje más alto de mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia en su vida. Mientras que en el fenómeno de los feminicidios, ocupa el segundo lugar.
Los bajos rendimientos agrícolas y la escasa política pública dirigida hacia el campo, ha puesto en serio riesgo la subsistencia de las comunidades, principalmente indígenas, pero también la mayor dependencia hacia el abasto externo. Una muestra de ello fue la afectación que sufrieron 312 municipios por la caída en los precios del café.
Todo ello y más, explica el porqué Oaxaca ocupa el lugar número 31 en relación al Índice de Desarrollo Humano. Recordemos que de los denominados 100 municipios de “Menor Índice”, a nivel nacional, 47 se encuentran en nuestra entidad.
La imposibilidad de generar ingresos, ha obligado a amplias capas de la población a emigrar al Norte del país y más allá de sus fronteras, ocasionando con ello que sean las mujeres, la niñez y los ancianos quienes hacen frente, de manera cotidiana, a los problemas de subsistencia, además de ruptura de la tejido social y comunitario.
La migración de la población joven, hombres y mujeres, acarrea la pérdida de la parte más activa de la población, la más innovadora, con mayor iniciativa, ya que no se han creado las condiciones sociales y económicas para retenerlos; además su salida representa la ruptura generacional de conocimientos y experiencias entre la población vieja y los jóvenes.
Los conocimientos ancestrales sobre los procesos productivos, selección de material genético, medio ambiente y en sí la propia cultura y cosmovisión, transmitidos de generación en generación, muchas veces por cientos de años, se truncan en tan sólo una generación y corremos el riesgo de no recuperarlo como parte de nuestro patrimonio técnico y cultural.
En el mismo terreno de lo social, las cifras hablan de la exclusión social de la población indígena en Oaxaca, que los mantiene en los mayores niveles de marginación, por ejemplo en los servicios básicos de vivienda. Según el INEGI el 70.3% no dispone de drenaje, el 69.8% tiene piso de tierra, el 28.6% no cuenta con electricidad y el 79.6% no posee agua entubada; además, el 64. % de sus viviendas tiene algún nivel de hacinamiento.
En suma se observa la siguiente distribución de marginación entre los 570 municipios de Oaxaca: Muy alto 182; alto 276; medio 76; bajo 27; muy bajo 9.
Pasando al ámbito político, también nos encontramos con dos realidades: los 16 pueblos originarios que viven en el estado de Oaxaca, desde antaño, han dado ejemplo de prácticas democráticas al constituirse la Asamblea como la expresión máxima de decisión de un pueblo. Por ello es que pueden observarse diversas formas de organización para atender y resolver problemas que atañen al conjunto y es así que la práctica del tequio, -es decir el trabajo de toda la comunidad para una obra común-, sigue siendo un imperativo en muchas de ellas.
Pero también existen los grupos de poder económico y político, en donde fenómenos como el caciquismo persisten. No es exagerado mencionar que la práctica de los antiguos hacendados puede observarse de manera “modernizada”, fundamentalmente a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de funcionarios del gobierno estatal.
Aunque Oaxaca fue el primer estado que en 1995, reconoció el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a nombrar a sus autoridades bajo el sistema llamado “Usos y Costumbres”, es decir, a través de la Asamblea y no bajo el sistema de partidos políticos, el control político se sigue ejerciendo sobre ellos, con la amenaza siempre, de que si votan por otro partido distinto al oficial, no tendrán acceso a los recursos gubernamentales, a los que por ley, tienen derecho.
Tampoco hay que olvidar, que en Oaxaca, existen múltiples organismos de la sociedad civil que desde hace años, trabajamos con esas comunidades o con organizaciones sociales, para contribuir a la eliminación de las formas de pobreza y exclusión que vive la mayoría de la población.
Es así que en Oaxaca se dan diversas expresiones de organización social, que han logrado incluso incidir en la política pública con propuestas sobre desarrollo social, mejoramiento del medio ambiente, defensa de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, la agenda de las mujeres, la transparencia y rendición de cuentas, por mencionar algunos de los temas más estratégicos.
Desafortunadamente, los avances conseguidos, sufrieron -desde hace más de seis años- un retroceso importante, al volverse a posicionar y ser gobierno, las formas más autoritarias, violentas del sector gubernamental y su partido, regresando y/o acentuando las prácticas del amedrentamiento, la represión, la compra y coacción del voto, la utilización de recursos públicos para actos partidarios y la absoluta cerrazón a las demandas ciudadanas y de las organizaciones sociales.
No porque los anteriores gobernadores estén exentos de ello, pero es a partir de la asunción al poder de José Murat, como los oaxaqueños y oaxaqueñas nos dimos cuenta que el viejo “dinosaurio” había regresado.
Las elecciones estatales en el 2004 para nombrar gobernador y Congreso Local, evidenciaron las dos realidades: una primera fue la demostración de la ciudadanía que ya no quería esa misma forma de gobierno y por ello el tan escaso margen con el que ganó Ulises Ruiz, con una diferencia de tan solo 37 mil votos. La segunda, es que quienes defendían esa forma de gobierno no estaban dispuestos a perderla, así fue: se impuso su candidato y de inmediato hizo sentir su concepción.
Entre las acciones que provocaron el disgusto de la población destacan el cambio de sede del Palacio de Gobierno, el Congreso y la Casa de Gobierno para construir otras instalaciones, todas ellas fuera del Municipio de Oaxaca. Un Congreso totalmente hecho a su modo, modificó al vapor las leyes respectivas y aun se siguen construyendo grandes edificios de los cuales no se sabe su costo.
Aunado a lo anterior, remodeló el Zócalo Capitalino, con una inversión no justificada de 700 millones de pesos, de igual manera el Parque El Llano y la introducción vial de las llamadas “vueltas inglesas”, así como la construcción de cuatro carriles en el Cerro del Fortín, hasta la venta de una calle para que la Terminal de Camiones ampliara sus instalaciones, con la rotunda negativa de los vecinos del Barrio de Jalatlaco. No se cuestiona la necesidad de las obras y el remodelamiento en varias de ellas, sino la premura y discreción informativa con las que se hicieron, además de una falta de estudios técnicos y ambientales, por lo que se perdieron algunos especies (Laureles de la India en el zócalo) y nos quedamos con el peligro latente de que se desmorone el Cerro del Fortín, como lo mencionó en su momento el Instituto de Geología de la UNAM.
Por si fuera poco, el gobernador dejó de reunirse con las organizaciones sociales y comunidades que venían teniendo un diálogo con él para resolver sus demandas y aquellas que se movilizaron, en algunos casos como el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, “Ricardo Flores Magón (CIPO), que fueron llamados a conversar por el entonces secretario de gobierno, Jorge Franco y fueron aprehendidos con lujo de violencia, sin orden de aprehensión presentada e incluso con la presencia de un visitador de la CNDH que se encontraba documentando los casos de violación.
Todo lo anterior hay que tenerlo muy presente, ante lo que vino después, cuando la Sección XXII del Magisterio se declaró en paro; la represión que ejerció el Gobierno del Estado el 14 de Junio del 2006 y posteriormente la Policía Federal Preventiva (PFP). Más que verlo como un mero movimiento sindical o como el enfrentamiento entre policías y la gente, representó la gota que derramó el vaso, de sectores amplios de la población que se dieron cuenta que no podían seguir gobernados por quién ha dado suficientes muestras de irrespeto al estado de derecho, a la legalidad y sobretodo a las necesidades más sentidas del pueblo.
Este conflicto paralizó al estado de Oaxaca durante seis meses (Junio-Diciembre 2006). En este tiempo se registraron 23 asesinatos políticos; se detuvieron a más de 575 ciudadanos(as); más de 4 mil trabajadores tuvieron que emigrar por falta de empleo; se cometieron graves violaciones a derechos humanos, documentadas por organismos nacionales e internacionales; las organizaciones no gubernamentales sufrieron acoso y hostigamiento de grupos afines al gobierno; la fuerza pública estatal y federal reprimió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Toda esta situación dividió a la sociedad, transgredió la convivencia pacífica, la gobernabilidad y la paz en Oaxaca.
En toda esta trama los organismos civiles jugaron un papel importante en la denuncia y defensa de los derechos humanos, producto de las graves violaciones cometidas por el gobierno estatal en primera instancia y por el gobierno federal.
Más allá de los hechos e incontables anécdotas que se pueden narrar sobre lo que pasó durante este conflicto, me interesa resaltar las causas y los retos que tenemos ahora como sociedad, ante un conflicto que no está resuelto, pues no es tan cierto que vivimos en la “normalidad” con la que el gobierno estatal dice ahora gobernar.
Al final parece que la falta de respuesta a las demandas no solo del magisterio, sino las que se enmarcan en los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales no son escuchadas, lo que conlleva a recurrir a las medidas de movilización y presión de los movimientos sociales. Desafortunadamente, no solo en Oaxaca, sino en otras partes del país existen otras muestras de que se criminalizan las expresiones sociales y movimientos que luchan por sus reivindicaciones.
Entre las reflexiones que emanan de todo lo sucedido destacamos:
Las movilizaciones iniciales del magisterio, se circunscribieron en el marco de una demanda añeja no cumplida, como la rezonificación por vida cara, pero que además dentro del pliego petitorio, estaban incorporadas otras demandas como el mejoramiento de las condiciones físicas de las escuelas, sobretodo en el ámbito rural, dotación de uniformes escolares y material que beneficiaba directamente al alumnado.
Es muy lamentable que la mayoría de la niñez oaxaqueña se haya quedado tanto tiempo sin clases, pero aún más la cerrazón del gobierno para resolverlas. Jamás, la brutal represión como la que se dio el 14 de Junio puede ser una respuesta.
La reacción popular fue más allá de todo lo esperado. Ante la imagen que quiso dar el gobierno y algunos medios de comunicación sobre ella, fue contundente la respuesta de la población de las colonias, de las comunidades, las amas de casa, los jóvenes e incluso de los niños(as) y las organizaciones sociales que se aglutinaron en torno a una sola esperanza: la salida de Ulises, más allá de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Destacó la participación activa de las mujeres de todos los estratos y edades. De igual manera se podía ver a abuelitas que se pronunciaban, como a jóvenes que iban a la movilización. Aunque la organización de las mujeres no es nueva en Oaxaca, se incorporaron en esta etapa miles de mujeres que no necesariamente provenían de organizaciones feministas o sociales.
Como se lo mencionamos a la Comisión del Senado que se trasladó a Oaxaca y que reafirmó el estado de ingobernabilidad, se ameritaba la desaparición de poderes. Pues no se trataba de un movimiento de unos cuantos o solo de políticos, ¿Cómo se explican los cientos de barricadas existentes, las megamarchas o los 25 palacios municipales que fueron tomados durante ese tiempo, exigiendo igualmente la destitución de funcionarios municipales corruptos?
La respuesta electoral de la gente en los comicios del 2 de Julio en las elecciones federales; de los 11 Distritos Electorales, 9 fueran ganados por la oposición, así como las 2 Senadurías, quedando sólo 1 por minoría relativa al PRI. Esto no quiere decir que la gente se convirtió en militante de la Coalición por el Bien de Todos. En realidad ningún partido político tuvo una actitud digna y de denuncia ante la barbarie que se estaba viviendo, sino fue un voto de castigo y de decir NO más este tipo de gobierno.
La violencia y la represión, jamás podrán ser formas de resolver los conflictos, vengan de donde vengan. No omitimos reconocer que del lado social, también se dieron expresiones que no compartimos; pero la brutalidad con la que se ejerció el oficio de gobierno, no tiene parangón. Una demostración de ello, es que de la mayoría de las presas y los presos que fueron traslados al penal de Nayarit, ninguno se encuentra ya en la cárcel, porque no les pudieron comprobar delito alguno.
La manera en como se volcó la población para alimentar durante tantos meses el plantón en el zócalo capitalino, no es producto de ninguna estrategia política partidaria, porque ni esa capacidad la tienen los partidos políticos: es la acción ciudadana la que lo posibilita.
Aunque los poderes institucionales locales perdieron el control de su espacio de poder, surgieron instancias sociales que regularon la opinión, los espacios y la vida cotidiana. Tan fue así que hasta la Guelaguetza se dio fuera del espacio formal, con la participación de más de 10 mil gentes.
No solo fue la movilización, sino que se crearon espacios como la Iniciativa Ciudadana de Diálogo, por la Paz, la Democracia y la Justicia en Oaxaca, a la que concurrieron sectores empresariales, indígenas, de iglesia, organismos civiles, organizaciones sociales, académicos, artistas y población en general, para discutir los cambios que se querían y las propuestas que se tenían.
Lamentablemente no hemos encontrado ni en el gobierno estatal, ni federal, la cultura política y voluntad para establecer el diálogo, la concertación, el pacto social para resolver los problemas de desigualdad, inequidad y exclusión que prevalecen.
De igual manera, no se cuentan con los mecanismos legales para incorporar formas como la revocación del mandato, la consulta popular, el plebiscito y el referéndum, que ayudarían a que la ciudadanía tuviera otras vías para poder expresar su parecer.
Tampoco se cuenta ni a nivel federal ni estatal, con una Ley de Participación Ciudadana.
Oaxaca no es el caos, es expresión de una posibilidad que debe caber en nuestra democracia: la posibilidad de que los gobernados cuestionen a sus gobernantes y a la vez, demuestren sus capacidades sociales para ocupar el espacio de lo público.
Por eso en su dificultad, dolor e incertidumbre, Oaxaca es también ahora una de las expresiones más vigorosas de la creatividad social para ocupar el espacio de la política y de público, desde lo ciudadano, cuando las Instituciones no responden ni son sensibles a los reclamos populares.
Hay mucho por hacer y rehacer en Oaxaca. Necesita cambios drásticos y el reconocimiento y respeto para quienes la habitan, la trabajan y la han hecho crecer.
No se trata de resolver un mero pliego petitorio o una inconformidad coyuntural. Es la posibilidad de resolver los problemas, los agravios y los faltantes, que se han convertido en una deuda ancestral.
Oaxaca de Juárez, 6 de Junio de 2007.