Declaración Política

A casi cinco años del 2 de julio de 2000 poco se ha avanzado en el proceso de democratización del país. El enrarecimiento del ambiente político, en que prima el conflicto, la estridencia, la descalificación -incluso al interior de los partidos-, y la manipulación informativa, aunado a la limitada respuesta que dan las autoridades locales, estatales y federales para satisfacer las principales demandas ciudadanas, está arrastrando al país a una fuerte crisis institucional.

En muchos sentidos y en casi todos los ámbitos, el viejo sistema autoritario conserva aún su entramado jurídico e institucional, manifiesto en las prácticas políticas que le acompañan. Después de muchos esfuerzos, conseguimos que se respetara el dictado de las urnas, en un triunfo de la ciudadanía, y desde entonces los electores han sufragado por una pluralidad de partidos. Pero esa sana diversidad se ha topado con estructuras rígidas que no permiten la conciliación de las legítimas demandas de los distintos sectores de la sociedad.

El incremento de la desigualdad, los índices alarmantes de inseguridad, el constante deterioro ambiental, la destrucción del patrimonio cultural, el desvanecimiento de nuestras riquezas naturales, la precaria gobernabilidad democrática, la utilización de la justicia para desacreditar al contrincante y criminalizar a los movimientos sociales, la galopante corrupción, la intromisión del dinero sucio en la política, el fortalecimiento de los poderes fácticos y la resistencia –a veces violenta — de los actores políticos ante la crítica transformadora, están poniendo en riesgo nuestra viabilidad objetiva como Estado soberano.

Esta situación se expresa en un amplio y profundo estado de desencanto y desmovilización ciudadanas que está propiciando la reaparición de un fuerte abstencionismo en los procesos electorales; en el abandono de la participación en las cuestiones públicas; y en un incremento de las situaciones que propician la violencia, la confrontación, el desgarramiento y la descomposición del tejido social.

El estancamiento económico, la creciente dependencia y el desmantelamiento de sectores completos de la actividad productiva, así como la contracción del mercado interno y de los salarios, ponen en tela de juicio los propósitos y métodos de la economía de mercado vigente. Esto nos obliga a cuestionar sus fundamentos, así como el papel que el Estado debe jugar como garante del desarrollo frente a la lógica de mercado dominante.

Frente a esta situación de un Estado fallido, los partidos políticos y el gobierno han dado la espalda a la sociedad y no han tenido la capacidad de destrabar juegos de intereses y limitaciones jurídicas e institucionales, que tienen al país en riesgo de una seria involución democrática y del ahondamiento de la crisis económica, política, social, ambiental, cultural y educativa.

México es una nación con una compleja y rica trayectoria histórica, con riquezas físicas y humanas enormes. Es una nación pluriétnica y pluricultural que cuenta, además, con grandes recursos intelectuales, científicos, culturales y artísticos. Sin embargo, su escaso aprovechamiento está lejos de traer los beneficios que podrían procurar a la sociedad. Es necesario revalorizar el campo cultural y educativo en una visión que integre las diversidades, los derechos y libertades culturales y la capacidad de producción y acceso a estos bienes y servicios.

Por todo esto, conscientes del papel que a la soberanía emanada del pueblo toca jugar en todo momento, pero más aún en la situación que hoy enfrenta, hemos decidido enarbolar como bandera unificadora del movimiento ciudadano la reforma del Estado mexicano.

Dicha reforma conlleva, en nuestra perspectiva, una refundación constitucional de la República: de sus bases jurídico-constitucionales y generales, pero –sobre todo – de los valores y del rumbo de su desarrollo económico-social. Se origina en la imperiosa necesidad de garantizar el respeto y la vigencia de todos los derechos humanos para toda la población, como columna vertebral de todo el quehacer político y gubernamental.

Requiere también de la edificación de un verdadero estado de derecho que se instaure en lugar de las prácticas autoritarias y facciosas. Una revisión integral de nuestro máximo ordenamiento jurídico nos permitirá ampliar la legitimidad democrática de nuestras instituciones, adecuándolas a las demandas de funcionalidad, transparencia y participación en la toma de decisiones públicas.

Simultáneamente, estamos obligados a esclarecer nuestro oscuro pasado de represión estatal, aún impune, que ha conducido a muchos de los abusos actuales.

Además, es necesario fortalecer la pluralidad en la competencia política reconociendo la urgencia de la homologación y respeto a los marcos legales por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos.

Una reforma sistémica de esta naturaleza, eliminaría los vacíos legales, las redundancias y contradicciones, al tiempo que armonizaría las responsabilidades de las autoridades y actualizaría los derechos de los ciudadanos.

La dignidad de la persona es el fundamento ético y la fuente de criterios para alcanzar la refundación de un Estado fortalecido y capaz de enfrentar la lógica de mercado imperante.

Aspiramos a un Estado social democrático y laico sustentado en el respeto a la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.

Conscientes del enorme esfuerzo y complejidad de nuestro propósito, hemos acordado en este Encuentro, desde los movimientos sociales en los que participamos, una Agenda mínima sobre la reforma del Estado. Esta ha sido construida desde nuestra visión como ciudadanos y ciudadanas, con perspectiva de género, sustentabilidad, y desarrollo equitativo.

Desde hace más de cuatro décadas la sociedad civil mexicana contemporánea se encuentra en un proceso de construcción de ciudadanía tanto individual como colectiva. El objetivo central de este esfuerzo es avanzar en la construcción de una democracia participativa frente a la inoperancia actual de la democracia representativa.

Por ello, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a debatir y reflexionar sobre esta agenda para así enriquecerla con sus visiones y aportes. También, a desarrollar acciones concretas para promoverla y llevarla a efecto, en un verdadero proceso de “ciudadanía en movimiento”, desde todos los ámbitos privados y públicos, y desde todos los rincones del país.

Debemos impedir toda involución democrática pero, fundamentalmente, debemos trabajar por otro futuro posible para nuestro país y el mundo. Un futuro que incluya a todos los mexicanos y mexicanas –incluso más allá de nuestras fronteras. Construir de esta manera, un futuro de bienestar y equidad, de instauración y consolidación democráticas, de respeto y ejercicio de los derechos humanos y de la diversidad cultural, para lograr una inserción y una contribución diferentes de México en el mundo globalizado.

En consecuencia, llamamos a la clase política y a los partidos políticos a comprender que más allá del próximo cambio de gobierno, lo que está en juego es el proyecto de nación a la que aspiramos y su viabilidad. Los instamos desde aquí a cumplir con esta tarea urgente, y a abrir los espacios para acordar y concretar una cabal reforma del Estado, mediante un diálogo franco, incluyente y plural, cuyo resultado sea la construcción de un proyecto común para todos y todas.

Queremos una reforma integral, no sólo normativa y legal sino que implique una nueva forma de ejercer el poder público, en la que esté representada efectivamente y participe activamente la ciudadanía.

Tarde o temprano, la fuerza de la razón y la voluntad ciudadanas acabarán por hacernos entender a todos y a todas que es éste el único camino por el que podremos transitar hacia el futuro.